EL AGUANTADERO SITIO OFICIAL!
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este miércoles citar a indagatoria a la exministra de Salud durante la gestión de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 en 2020. La investigación apunta a que habrían demorado la adquisición de dosis de Pfizer para favorecer negocios locales vinculados a la fabricación de vacunas.
En su requerimiento dirigido al juez federal Ariel Lijo, Stornelli denunció una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» durante la pandemia. Por este motivo, pidió la indagatoria de Vizzotti, junto a varios empresarios y asesores, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la hipótesis del fiscal, el Estado argentino habría retrasado de manera deliberada y perjudicial la compra de vacunas de Pfizer para favorecer los intereses económicos de laboratorios con socios locales en el país. Stornelli afirmó que «habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población».
En agosto de 2020, Pfizer ofreció a Argentina un cronograma de entrega de 13.200.000 dosis, de las cuales tres millones estaban previstas para llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un período crucial para vacunar a poblaciones de riesgo. Sin embargo, el gobierno decidió no aceptar esta oferta y avanzó con contratos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Según Stornelli, las demoras vinculadas a Pfizer resultaron perjudiciales para el país, al reducirse las dosis inicialmente comprometidas y perderse la oportunidad de recibirlas con mayor anticipación.
El Ministerio de Salud justificó entonces las dilaciones argumentando trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigió a Pfizer cláusulas de inmunidad consideradas inéditas por el fiscal. Este procedimiento, para Stornelli, configuró un «notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes» por parte de los funcionarios involucrados.
Además, el fiscal investigó las relaciones personales y comerciales entre los funcionarios y los laboratorios beneficiados, ubicando en el centro a Hugo Sigman, empresario farmacéutico cuyas empresas obtuvieron contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
Entre los citados a indagatoria, además de Carla Vizzotti, figuran Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini. Tarragona fue quien negoció en representación del Estado el fallido contrato con Pfizer, mientras que Nicolini asesoró al Gobierno en las negociaciones para la adquisición de vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.
Por el sector privado, fueron imputados Hugo Sigman; Juan Manuel Artola, apoderado de Laboratorios Richmond; los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los responsables del fondo ruso Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el infectólogo Pedro Cahn como asesor médico.
